La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, dominada por el chavismo, aprobó este jueves en primera discusión la reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. La iniciativa, impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, busca modernizar el marco legal del sector en medio de las negociaciones con Estados Unidos para la venta de petróleo venezolano.
El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, hermano de la mandataria encargada, informó que la medida fue aprobada con “mayoría calificada evidente”. Sostuvo que la reforma es fundamental para permitir un “acelerado incremento” en la producción de crudo del país.
Durante la sesión, el diputado Orlando Camacho, del Movimiento Somos Venezuela (MSV), presentó el proyecto ante la plenaria y explicó que se centra en tres grandes áreas de modificación. La primera incorpora “modelos exitosos de negocio” inspirados en la ley antibloqueo de 2020, creada para fomentar inversiones en un contexto de sanciones impuestas por Estados Unidos.
Camacho destacó que se introducirán nuevos tipos de contratos en los que las empresas operadoras asumirán la gestión integral “a su propio riesgo y costo”, de modo que el Estado no contraiga deudas. Además, la normativa plantea mecanismos para garantizar la viabilidad de proyectos en campos petroleros no desarrollados, para lo cual se requerirán “grandes inversiones”.
El legislador también señaló que se brindará “alguna flexibilidad en las regalías”, lo que podría implicar reducirlas con el objetivo de atraer capital extranjero hacia zonas de exploración nueva. El tercer eje de la reforma busca “aumentar las garantías jurídicas” para los inversionistas mediante mecanismos independientes de mediación y resolución de conflictos.
Por su parte, el Grupo Parlamentario Libertad, de la oposición, salvó el voto. Su representante, Pablo Pérez, reclamó que el proyecto se entregó sin tiempo suficiente para su estudio y planteó que la reforma debe contemplar principios como la seguridad jurídica, la apertura al capital privado y la revisión de la carga tributaria.
El proceso legislativo contempla una segunda discusión antes de que la ley sea definitivamente sancionada. Tras su aprobación final, deberá ser promulgada por el presidente y publicada en la Gaceta Oficial.
La discusión de esta reforma ocurre mientras Caracas y Washington viven una nueva etapa en su relación bilateral, marcada por las políticas estadounidenses y el interés del presidente Donald Trump en el petróleo venezolano, cuya comercialización, según anticipó, será administrada directamente por su país.
